• El diputado Martínez Ventura (PT) plantea reformar la Constitución Política con ese propósito
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT), mediante una iniciativa, propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política para incluir el robo al transporte público colectivo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La propuesta señala que se han incrementado los casos de robo al transporte público colectivo y esta situación resulta muy preocupante, no sólo porque afecta al patrimonio y tranquilidad de los ciudadanos, sino también porque este tipo de conductas delictivas cada vez son más violentas y ponen en riesgo la vida de los usuarios que utilizan dicho medio para movilizarse.
Indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SNSP) registró a nivel nacional, durante el mes de junio de 2021, mil 97 delitos de robo a transporte público colectivo, de los cuales 746 se cometieron con violencia y 351 sin el uso de ésta.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020 da cuenta que a nivel nacional dicho medio de transporte ocupa el tercer sitio como el lugar específico donde la población se siente más insegura.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que al incluir el robo en el transporte público colectivo dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se busca prevenir la impunidad de los que cometen este ilícito, mismo que se ha incrementado, y evitar el fenómeno de la llamada puerta giratoria.
Resalta que la falta de castigo para los que cometen el robo a transporte público está provocando una descomposición social que debe detenerse y evitar que sean los propios ciudadanos los que toman justicia por su propia cuenta.
Manifiesta que se han suscitado casos donde son los mismos pasajeros o pasajeras quienes frustran el asalto y golpean hasta herir a los delincuentes, por lo que es necesario establecer acciones y sanciones para quienes cometen este delito.
Subraya que la finalidad es desincentivar el robo en el transporte público al impedir la impunidad de los que incurren en esta conducta delictiva que afecta a la sociedad.
